REDACCIÓN. (AFP) A 400 días de su inicio, los Juegos de París-2024 encuentran un duro obstáculo: el Comité de Organización (COJO) y otros sitios fueron registrados este martes dentro de investigaciones de la Fiscalía Financiera Francesa (PNF), lo que puede manchar la imagen de un evento que quiere ser “ejemplar”.
Confirmando parcialmente una información de France Télévisions, la PNF precisó que estos registros eran realizados en el marco de dos investigaciones preliminares abiertas respectivamente en 2017 y en 2022.
Esto último, sobre sospechas de acciones ilegales de intereses y de favoritismo. Ambas están relacionadas con mercados atribuidos en el marco de la organización de los Juegos.
Además, el COJO había indicado antes a la AFP que un registro estaba siendo realizado en su sede, en Saint-Denis. Eso, cerca de la capital francesa, sin precisar el motivo.
También, según una fuente próxima a la investigación, estos registros son hechos por la OCLCIFF y la BRDE. Por sus siglas: Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales) y (Brigada Financiera de la Policía Judicial Parisina).
Conflictos alrededor de los Juegos
El COJO está constituido bajo forma de una asociación. El Tribunal de Cuentas sigue de cerca su actividad y debe publicar un informe próximamente.
En abril de 2021, dos informes de la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA) sobre la organización de los Juegos, de los que la AFP a tuvo conocimiento, señaló “riesgos de faltas a la probidad”. Asimismo, “conflictos de intereses”, dañando la imagen de unos Juegos Olímpicos “ejemplares” queridos por el patrón del Comité de Organización, Tony Estanguet.
Estos dos informes iniciales entregados a principios de 2021, de los que la publicación Le Canard Enchaîné había hablado de su contenido hace casi un mes, están centrados en el COJO. También en Solideo, la sociedad pública encargada de la construcción de los diferentes sitios para los Juegos.
Los inspectores de la AFA estimaron que el proceso general relativo a las compras es “impreciso e incompleto”, y señalan que existen “a veces situaciones de potenciales conflictos de intereses no controlados”. Contactado tras los registros de este martes, el ministerio de Deportes francés decidió no hacer comentarios.
Según una fuente próxima al caso, una de las investigaciones está centrada en potenciales conflictos de intereses ligados a Edouard Donnelly, director ejecutivo de las operaciones del COJO, que había sido antes prestatario de los Juegos a través de su sociedad RNK. El COI indicó a la AFP haber sido informado de estos registros por el COJO.
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En sus informes, los inspectores de la AFA recordaban los problemas de los presidentes de los comités olímpicos de Brasil y Japón ligados a los dos últimos Juegos (Rio en 2016 y Tokio en 2021). Y observaban también que “los riesgos contra la probidad son frecuentes en el marco de los grandes eventos deportivos”.
“No es forzosamente una sorpresa. Hubo ya dos alertas, una procedente de la AFA y la otra de un antiguo miembro del COJO, que había sido despedido después”, recuerda David Roizen, experto en política pública deportiva.
“De cara al mundo, estos registros son catastróficos. Acaban de perder su credibilidad, sobre todo sobre el deber de ejemplaridad (…). Eso va a estar pegado a su piel hasta los Juegos”, analiza.
Desde el fin de los Juegos de Tokio, ha habido varias detenciones y condenas en Japón. En mayo, dos exresponsables de una empresa patrocinadora de los Juegos Olímpicos del país nipón fueron condenados a prisión. Esto, sin cumplimiento de la pena en el marco de un escándalo de corrupción en el evento.
Estos registros no son la única piedra judicial en el zapato de los organizadores de los Juegos. El martes, diez obreros que trabajaron en la época sin papeles en las obras de los Juegos de 2024, denunciaron a varios gigantes de la construcción, Vinci, Eiffage, Spie Batignolles y GCC, para obtener el “reconocimiento” de su trabajo y el pago de los salarios atrasados.
Hace un año, la fiscalía de Bobigny había abierto una investigación preliminar por “trabajo disimulado”. Y “empleo de extranjero sin título en banda organizada” tras controles que habían permitido identificar a varios trabajadores irregulares en una obra olímpica.
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