REDACCIÓN. El Barcelona fue denunciado por la Fiscalía española, luego de que el club azulgrana realizara pagos por años a un vicepresidente del Comité de Árbitros de LaLiga.
En concreto, la entidad fiscal presentó la denuncia por “corrupción entre particulares”, en contra de la escuadra catalana y varios de sus exdirigentes.
Y es que, hace unos días se conoció que el Barça realizó pagos a una empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
Según explicó el club blaugrana, los cerca de 7 millones de euros que desembolsó, fueron para que Negreira prestara un trabajo de asesoramiento e informes. Y no por ayudas arbitrales, como se le acusa.
De hecho, el actual presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró, contundentemente, que su equipo nunca pagó para ser favorecido.
El Barça fue acusado
Pese a lo afirmado por los catalanes, la Fiscalía precedió de igual forma con su denuncia y todo se resolverá en un proceso legal.
Como tal, el Ministerio Público imputa a los denunciados un delito de “corrupción entre particulares en el ámbito deportivo”.
También, por un delito de “administración desleal” a los exdirigentes del Barcelona. A estos, también los achaca, junto a Negreira, otro de “falsedad en documento mercantil”.
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¿Favorecido por los árbitros?
El documento señala que Negreira, que fue vicepresidente del CTA entre 1994 y 2018, recibió a través de sus empresas más de 7,3 millones de euros (7,7 millones de dólares) entre 2001 y 2018.
Para el Ministerio Público, el Barça, por medio de Rosell y Bartomeu, “alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial” con Negreira “a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FCB en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones”.
La denuncia apoya esta afirmación en que las empresas de Negreira “giraron facturas que fueron presentadas al cobro ante el FCB sin que las mismas respondieran a ninguna prestación o servicios de asesoramiento técnico real”.
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